Para comprender y enfrentar los grandes problemas que caracterizan a las metrópolis mexicanas (violencia, desigualdad, contaminación, transporte, entre otros) es necesario mejorar la coordinación entre municipios
Los antiguos griegos llamaban “polis” a su comunidad, al espacio donde muchos podían habitar y cuidarse en conjunto. Así nació la idea de ciudad, de la necesidad de contar con un lugar donde las personas pudieran encontrarse, dialogar y organizarse para enfrentar juntos sus problemas.
Una de sus primeras definiciones se puede encontrar en la obra de Aristóteles, La Política. En este texto, el filósofo describe la ciudad como “una asociación de seres iguales que aspiran en común a conseguir una existencia dichosa y fácil”. Es importante señalar que aunque en su época las mujeres, los esclavos y las personas sin tierras no eran considerados como ciudadanos, de esta idea se rescata la aspiración de hacer de la ciudad un espacio donde todas las personas puedan vivir felices y en armonía.
Con el paso del tiempo los espacios urbanos fueron ocupados por más de la mitad de la población del planeta, alrededor del 54% (ONU-Hábitat, 2015). Lamentablemente la gran mayoría de estos lugares se encuentran muy lejos de satisfacer las necesidades que dieron origen a la ciudad.
En el caso de nuestro país, de acuerdo con datos del INEGI de 2015, 77% de los mexicanos habita actualmente en una población urbana y el 57% en una zona metropolitana, es decir, en una ciudad conformada por varios municipios.
Esto es resultado de la forma en la que han crecido nuestras ciudades; el esparcimiento de la mancha urbana ha rebasado los límites de los municipios, conectando así a un mayor número de personas pero también haciendo más complejos los problemas de la urbe y la función de los gobiernos locales.
Está claro, para comprender y enfrentar los grandes problemas que caracterizan a las metrópolis mexicanas (violencia, desigualdad, contaminación, transporte, entre otros) es necesario mejorar la coordinación entre municipios. Éste es el gran reto que actualmente enfrentan gobiernos y ciudadanos por todo el país.
Parte importante de la solución pasa por el Artículo 115 constitucional, el cual establece las funciones y atribuciones básicas de todos los municipios del país, sin considerar su situación geográfica, si son rurales o urbanos, su número de habitantes, su vocación económica o su cercanía con otros municipios. Por ejemplo, el municipio de Santa Magdalena Jicotlán en Oaxaca, con 86 habitantes, y Guadalajara con 1,460, 148 habitantes (INEGI, 2015) deben cumplir las mismas funciones ante la ley, aunque sus características y necesidades sean profundamente distintas.
Este artículo ha sido reformado en múltiples ocasiones para adaptarse a las necesidades de la sociedad, algunas de estas modificaciones han fortalecido el papel de los municipios frente a los gobiernos estatales y federal, sin embargo, al día de hoy sigue limitada la capacidad de los municipios para construir mecanismos de integracion y coordinacion metropolitana.
El artículo 115, permite que los municipios se coordinen y asocien para “la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan”, sin embargo también dispone que “la competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado”
Lo que significa que si las zonas metropolitanas del país y sus habitantes desean construir nuevas instituciones que asuman la responsabilidad de brindar servicios de forma independiente y por encima de los municipios, como ya se ha logrado en otros países, estas instituciones no pueden ser reconocidas por otros órdenes de gobierno.
El 115 constitucional debe ser una herramienta para ayudar a construir la vida armónica de las ciudades. En algunos casos, por la naturaleza del artículo, lejos de integrar a los municipios que conforman una metrópoli, los segrega; condicionándolos a mirar su delimitación territorial como una frontera y no como un puente para entenderse como parte de una ciudad.
Los habitantes de una ciudad comparten y conviven en un mismo espacio, más allá de los municipios que lo integran; se puede vivir en un municipio, trabajar en otro, y salir a divertirse a otro, sin embargo, en el recorrido a las actividades diarias se padecen sus problemas y deficiencias por igual. Los problemas de un municipio colindante con otro no son temas aislados, lo que sucede en uno repercute en el otro. Si los problemas de la ciudad son compartidos, las soluciones deberán ser iguales.
Modificar la normatividad federal podría facilitar la construcción de soluciones en las metrópolis del país, pensadas desde lo local con la participación de los ciudadanos. Es necesario que el marco legal esté a la altura de lo que exige la realidad actual, si realmente se quiere mejorar la condición de los gobiernos locales y sus ciudadanos.
Para construir un mejor país, necesitamos recuperar lo más básico: la vida en comunidad. Esto significa repensar y convertir nuestras ciudades en espacios amables y no hostiles, donde podamos vivir con plenitud, caminar con libertad y convivir en armonía con todas y todos. Si recuperamos esta esencia, podremos tener ciudades para la gente.
Diego Rosiles García
Sociólogo. Participa en Movimiento Ciudadano desde 2012.
