Urgen; Derechos Indígenas

Tanto en el Congreso de Jalisco como en el Congreso Federal, los Diputados Ciudadanos empujan el reconocimiento de derechos a las comunidades y pueblos indígenas.

El Congreso de Jalisco estuvo a punto de dar un paso fundamental en el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas, sin embargo se dio reversa con el voto en abstención de diputados del PRI y del PAN.

El año pasado, la Diputada Ciudadana Fela Pelayo presentó la iniciativa para modificar la Ley Indígena y reconocer a las comunidades étnicas como sujetos de derecho a la libre determinación, y eliminar de una vez por todas el paternalismo del Estado.

Entonces, la propuesta fue respaldada por diputados de diferentes fracciones. Sin embargo, cuando fue puesta a votación ante el Pleno del Congreso, el 3 de febrero pasado, legisladores del PRI y del PAN voatron en abstención y terminaron por desechar la iniciativa

“El rechazo representa un retroceso en el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas, representa una negación a la existencia misma de las comunidades, y más allá de lo que representa para mí, es un rechazo sistemático que se ha manifestado por los partidos del PAN y del PRI a lo largo de la historia”, expresó Pelayo, Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Congreso de Jalisco.

Uno de los puntos fundamentales del Acuerdo de San Andrés que firmó el Gobierno de México y el Ejército Zapatista de Liberación Nación en 1996, fue el reconocimiento a las comunidades y pueblos indígenas como sujetos de derecho.

Pero a dos décadas de distancia, a penas seis Estados de la República han modificado sus legislaciones. Jalisco estuvo a un paso de reconocer estos derechos.

Para reformar la Ley, la Diputada Ciudadana y un equipo de académicos realizaron talleres y consultas en la zona norte de Jalisco con los wixaritari, en el sur con nahuas y en la zona metropolitana de Guadalajara con purépechas, mixtecos y otomíes, así como las comunidades indígenas de Chapala y de Mezcala, en Poncitlán.

“(Con el rechazo de la iniciativa), finalmente nos alejamos nuevamente del objetivo que tendrían que buscar todos los legisladores, que es encontrar una igualdad entre todos los ciudadanos que habitamos en nuestro Estado y País”, puntualiza Pelayo.

Insisten en otra cancha: el Congreso Federal

Los Diputados Ciudadanos presentaron ante el Congreso de la Unión una iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones del artículo segundo de la Constitución para el reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos de derecho público.

“La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas”, se lee en el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, aún no se han establecido los instrumentos jurídicos que reconozcan a los indígenas como entidades colectivas para que sean capaces de ejercer tanto sus derechos como obligaciones.

Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, destacó que este artículo se limita a reconocer a las comunidades indígenas como entidades de interés público y no como sujetos de derecho público, por lo que es necesario establecer un piso mínimo de derechos.

“En 1996, los acuerdos de San Andrés establecían como uno de los temas fundamentales de los derechos indígenas el reconocimiento a las comunidades y pueblos indígenas como sujetos de derecho público”, expresó Castañeda. Empero, con la reforma de 2001, que dio origen al artículo segundo, no se reconoció estos derechos a las comunidades indígenas.

Con la reforma constitucional que propuso ante el pleno en junio de 2016, se pretende conseguir que los indígenas tengan el poder para decidir por ellos mismos cuales serían sus vías de desarrollo y que no sea el Estado quien lo haga, como ha sido históricamente.

Así como la iniciativa que presentó la legisladora local Fela Pelayo ante el Congreso de Jalisco, la propuesta de los Diputados Ciudadanos en el Congreso de la Unión busca que las comunidades indígenas puedan ejercer plenamente sus derechos económicos, sociales y culturales, formando parte del Estado nación como actores partícipes y como interlocutores con voz y voto en la toma de decisiones colectivas.

“Necesitamos que las comunidades y los pueblos indígenas sean reconocidos como sujetos de derecho público, lo demás sigue siendo una simulación”, puntualizó Castañeda.

¿Qué significó el rechazo a la reforma de la Ley Indígena?

“¿Qué solicitó la comunidad wixarica? El reconocimiento como sujeto de derecho, ya no de interés público. Queremos definir proyectos constructivos desde las comunidades originarias. Lo que sucedió el 3 de febrero (generó) indignación”.

Francisco López Carrillo

Comunidad San Andrés Cohamiata

“Con esta acción de diferentes grupos parlamentarios, acaban con el sueño de familias completas, de niños, jóvenes, adultos y ancianos. Según la Unesco, el pueblo wixarica es uno de los 10 grupos indígenas más importantes a nivel internacional porque conserva su cultura, usos y costumbres, y su organización interna, con esta decisión traban el desarrollo de las comunidades”.

Alfredo Carrillo Salvador

Comunidad San Andrés Cohamiata

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