Derechos digitales y ejercicio de ciudadanía

Garantizar el derecho de acceso a un Internet libre representa un paso fundamental en la construcción y en el ejercicio de ciudadanía

La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013 estableció en el artículo 6° de la Carta Magna la obligación del Estado mexicano de implementar una política de inclusión digital universal y de garantizar la integración de la población a la sociedad de la información y del conocimiento, incluyendo el acceso a internet.

En este sentido, el gobierno federal ha impulsado el programa México Conectado, cuyo objetivo es garantizar acceso a internet para todos los mexicanos mayores de 6 años, pero que desafortunadamente ha ido perdiendo recursos en los últimos ejercicios presupuestales. De acuerdo con datos del Inegi, el 59% de la población mexicana tiene acceso a internet, sin embargo, el presupuesto del programa México Conectado ha caído drásticamente desde su creación, alcanzando en el presente ejercicio presupuestal apenas 500 millones de pesos, cinco veces menos de lo que se destinó en 2013.

Para garantizar el acceso a internet de todos los mexicanos y entendiendo los retos presupuestales que esto implicaría, los diputados de Movimiento Ciudadano hemos propuesto una figura denominada Renta Básica Digital, con la que cualquier persona que cuente con un dispositivo móvil podrá acceder a una cantidad de datos gratis y suficiente al mes, que les permita mantenerse comunicados e informados.

Adicionalmente, proponemos fortalecer el principio de neutralidad de la red, que establece que el tráfico en internet debe ser tratado sin discriminación o restricciones, independientemente del remitente, destinatario y del contenido, principio que hoy es trasgredido con prácticas como el zero-rating, que privilegia el acceso a ciertas plataformas o información.

Para el funcionamiento de la Renta Básica Digital, proponemos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones defina, con criterios eminentemente técnicos y atendiendo a las necesidades de los usuarios, la cantidad de datos suficiente que deberá otorgarse.

El servicio lo seguirían prestando los concesionarios, a quienes se les compensarían los consumos asociados a la Renta Básica Digital. Mediante este esquema, se aprovechará la infraestructura existente, la cobertura que hoy tienen los concesionarios y la amplia difusión que tienen los dispositivos móviles en nuestro país.

Un instrumento como la Renta Básica Digital aceleraría la incursión de los mexicanos en el mercado de las telecomunicaciones y las plataformas digitales, generando un círculo virtuoso de la economía nacional, ya que incentivaría y facilitaría el consumo de información y servicios a través de internet.

Pero más importante aún es que garantizar el derecho de acceso a un internet libre representa un paso fundamental en la construcción y en el ejercicio de ciudadanía, dado que fortalece el acceso a la información, la libertad de expresión y la participación ciudadana. La Renta Básica Digital colocará a México en la ruta correcta para la construcción del futuro que queremos los mexicanos, en el que nadie quede fuera de la sociedad del conocimiento que implica el siglo XXI.

Clemente Castañeda es coordinador de los Diputados Ciudadanos en el Congreso de la Unión.

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