Edificación Democratica

Resumen de la conferencia magistral un nuevo proyecto de nación, impartida por el ingeniero cuauhtémoc cárdenas solórzano en las mesas de diálogo “proyecto ciudadano para méxico” efectuadas el 25 de enero

Como nunca antes, para las actuales generaciones, México se encuentra en las condiciones de mayor deterioro político, social y económico. Las últimas décadas han sido de retroceso continuo debido a un modelo de desarrollo impuesto por intereses ajenos y al entreguismo local, que ha puesto a la economía cada vez más dependiente y socialmente depredadora.

Se han destruido tejidos productivos en sectores clave como la agricultura, la pequeña y mediana empresa y la petroquímica. Los recursos energéticos del subsuelo han dejado de estar manejados con sentido de interés general y puestos a disposición de los grandes consorcios extranjeros. La economía ha crecido con serias insuficiencias y distorsiones, a lo que deben sumarse un cada vez más profundo desánimo social, una creciente desigualdad en la distribución del ingreso, el incremento de la pobreza, el desempleo de la mitad de la población activa, un fuerte descrédito institucional e irrefrenable corrupción dentro y fuera de las esferas oficiales, protegida por la impunidad.

A esta difícil situación hay que agregar las amenazas que ha empezado a llevar a la práctica el presidente de los Estados Unidos: expulsar a dos o tres millones de migrantes mexicanos, que presionarán aquí para hallar nuevos empleos cuando las políticas internas no son suficientes para crearlos; frenar el flujo de remesas, uno de los principales ingresos de divisas, lo que afectará a millones de hogares mexicanos; la ruptura del Tratado de Libre Comercio, con efectos fiscales y tropiezos para los intercambios internacionales, y la construcción del muro fronterizo con cargo a México.

Éste es el recibimiento que hoy se hace a los enviados del gobierno mexicano. Si se cumple la anunciada visita del titular del Ejecutivo a Washington, se le recibirá también con un portazo en la nariz. Lo menos que podría hacer es cancelar esa visita y buscar una posición digna para México y su pueblo.

El gobierno no debe seguir abonando a la inestabilidad interna. Mantenerse en el neoliberalismo depredador y entreguista sólo aumentará la dependencia del exterior; concluirá la cesión de la explotación petrolera al interés particular, contribuirá a una mayor concentración del ingreso en los grupos más privilegiados y aumentará la irritación social.

Deben tomarse ya medidas de emergencia hacia al exterior, hacer cambios en las políticas de Estado y apurar los primeros pasos para enfrentar una situación que, como todo apunta, va a complicarse social y económicamente.

Exijamos al gobierno que instrumente una política que cree empleos formales masivamente, que genere crecimiento económico sostenible a largo plazo para dar acomodo a los trabajadores que sean deportados por la nueva administración estadounidense.

¿Se está previendo acaso ya qué hacer si Estados Unidos rompe unilateralmente el Tratado de Libre Comercio? ¿Cómo se va a proteger el empleo en México? ¿Cómo se va a cuidar a nuestros productores que se abastecen de la importación y cómo a nuestros exportadores? Y algo muy importante, ¿cómo se va a garantizar que las remesas no sean obstaculizadas, y menos reducidas, por una arbitraria brutalidad?

Veamos con urgencia gobierno, empresa, el Poder Legislativo, la sociedad organizada, qué hacer para contrarrestar la agresión y quitar fuerza a los golpes. Tendrán que venir las soluciones adecuadas de las distintas visiones y anteponiendo a cualesquiera otros los intereses del país y de la gente,.
Hay cuestiones ubicadas en el centro del conflicto en cuyo diagnóstico, en la premura de atenderlas y en cómo abordarlas, ya están de acuerdo amplios sectores.

La corrupción y la impunidad representan enormes pérdidas pecuniarias para las políticas sociales y de infraestructura. En consecuencia, deben ser sancionadas con todo rigor y combatirse de arriba hacia abajo. Esta es hoy la primera obligación de una autoridad responsable.

La inseguridad y la irrefrenable expansión de la delincuencia se vinculan estrechamente con lo anterior. Para librar una lucha efectiva en su contra, no basta con el combate policiaco (que ciertamente no debe interrumpirse). Porque el fenómeno de la delincuencia no es autónomo, está relacionado con la necesidad de sanear todo el aparato de justicia, con el desempleo, la caída del ingreso familiar, las políticas internacionales, educativas, culturales, de esparcimiento y de salud; las oportunidades para los jóvenes, el rezago económico, etcétera.

Erradicar la corrupción y combatir la delincuencia no son temas partidarios o de ideología, están en la obligación de todo mundo y en primerísimo lugar del gobernante.

Cambiar el modelo de desarrollo e impulsar un proyecto de nación distinto al imperante es cuestión de política, de ideología y de compromiso. La prioridad debe estar en el bienestar creciente del pueblo, con empleo formal, ingreso suficiente para una vida familiar y personal digna, educación, salud, acceso a la cultura y al esparcimiento, ejercicio sin restricciones de los derechos reconocidos y oportunidades de progreso.

Se requiere una política económica que garantice crecimiento sostenido en el largo plazo y una distribución equitativa del ingreso; se debe recuperar el fomento a la industrialización, la integración de las cadenas productivas, empezando por la de la maquila y el ensamblaje; dar valor agregado a las materias primas y transformarlas industrialmente, principalmente los hidrocarburos y los minerales; recobrar la capacidad productiva del campo, proteger y acrecentar la rica biodiversidad del país y utilizarla con racionalidad, para obtener rendimientos económicos de gran cuantía y beneficio para muchas comunidades rurales.

Para llevar a cabo un proyecto de nación soberana, un primer paso indispensable será revertir la llamada reforma energética, recuperar los textos constitucionales previos a esta contrarreforma; esto es, recuperar para el Estado mexicano el control efectivo de los recursos del subsuelo y la conducción de la política energética, de modo que se realice un manejo de reservas que cuide presente y futuro, y que no lleve a la sobreexplotación, al agotamiento prematuro y a épocas de desabasto que aún se está a tiempo de evitar.

Transformar industrialmente a los hidrocarburos dentro del país, dar valor agregado a los productos y estimular la petroquímica y la revitalización de la refinación. Fomentar la ampliación e integración de cadenas productivas y el fortalecimiento de las economías regionales, permitir que Petróleos Mexicanos se reinstituya como organismo estatal, opere con la autonomía que debe tener toda entidad productiva; en resumen, hacer del aprovechamiento, como en un pasado no muy lejano, factor fundamental del crecimiento económico y de la industrialización del país y, por otro lado, dar paso a las energías alternativas, iniciar con fuerza una genuina transición energética.

Deben revisarse y modificarse a fondo las otras reformas estructurales de la actual administración. Se precisa una genuina reforma educativa, despojada de todo carácter represivo, que capacite y actualice de manera permanente al magisterio.

Es necesaria una auténtica reforma hacendaria que aporte con suficiencia los recursos necesarios para el desarrollo, que grave a quienes más ingresos tienen y quite cargas fiscales a los sectores de menores ingresos; que fortalezca el consumo interno y estimule y brinde seguridades a la inversión productiva; que fortalezca y reconstituya a la banca de fomento y que restituya al Estado la conducción de las políticas financiera y monetaria.

Hace falta, asimismo, la efectiva diversificación y democratización en el control y operación de los medios electrónicos de comunicación e información.

En materia laboral, es necesario acelerar la sustitución de las juntas de conciliación y arbitraje por instancias del Poder Judicial de la Federación; establecer el voto secreto y directo en elecciones sindicales, suprimir la llamada toma de nota para reconocimiento oficial de los sindicatos y erradicar la corrupta práctica de los contratos de protección.

El derecho constitucional evoluciona. Lo primero es garantizar respeto y ejercicio a los derechos que ya se reconocen a los mexicanos, pero en nuestra Constitución debieran empezar a aparecer nuevos derechos y medidas de equilibrio para reducir y eliminar las brechas de la desigualdad. Un ejemplo es la iniciativa de Constitución de la Ciudad de México, que en unos días habrá de promulgarse.

Estos cambios y muchos más son indispensables para que tomen otro rumbo la nación y la vida de los mexicanos. Debemos hacer una muy amplia convocatoria para discutir a fondo, por todo el país, con quienes se desenvuelven en las más diversas actividades, las vías para enfrentar con éxito los problemas que hoy nos aquejan.

Una vez acordado el proyecto nacional, se tendrá que dar el paso más importante, que es construir la base social y política que impulse su realización. Se trata de formar la mayoría que democráticamente lo ponga en marcha, que dé seguimiento a su instrumentación y garantice su consolidación.

La unidad en torno al proyecto debe ir más allá de los individuos, representaría una genuina revolución política y social, la de la igualdad ante la ley y las oportunidades, la de un progreso colectivo compartido con equidad, la de gobiernos rectos y democráticos, auditables y responsables, y representaría además un llamado a nuestra América y a todos los pueblos de que un mundo mejor, equitativo y fraterno es posible.

Lanzarse en pos de este objetivo no es tarea menor. Hay obstáculos que deben superarse: la reacción interna estrechamente vinculada y comprometida con el proyecto hegemónico mundial, conducido e instrumentado por los intereses que dominan la vida política y económica de los Estados Unidos, que se benefician con la creciente desigualdad social, que tienen poder político y económico, medios de comunicación y complejas relaciones internacionales.

Hay que hacer un llamado a todos los grupos, a todas las iniciativas que hoy plantean la unidad de demócratas, progresistas, liberales inconformes con el neoliberalismo, para lograr que cambie la situación actual; a quienes con diferentes matices y en buena medida con objetivos comunes, consideran necesario formar un movimiento, frente o como quiera llamársele, amplio, plural, en el que todo mundo quepa; ciudadanos en lo individual, colectivos organizados, gente de partidos y sin partido, los partidos mismos, quienes se han inclinado por las llamadas candidaturas independientes, militares y marinos, sindicatos, académicos, gente de la cultura y el arte, deportistas, para empezar a caminar juntos e imponer pacífica y democráticamente el cambio. Sin jefes, ni jerarquías ni candidatos.

Reunámonos ya. Pensemos que sólo una unidad que constituya mayoría social tendrá capacidad para transformarse en mayoría política e imponer el cambio.

El 2018 está a la vista, formulemos un programa común, agrupémonos en torno a él y si efectivamente constituimos con objetividad una mayoría, veamos quiénes pueden encabezarla y quiénes pueden en el momento oportuno constituir las candidaturas que formalicen el cambio. Sin mayoría no vale la pena el desgaste.

Hay que ir por todo el país, hablar con todos aquellos que sea posible; tratar de convencer, sumar y organizar, crecer hasta ser mayoría. Hay prisa. No existen fechas fatales, pero debe caminarse con la mayor rapidez posible.

El cambio es necesario, pero sobre todo es posible. Tengamos confianza en la bondad y solidez de nuestros principios y propuestas, formemos esa mayoría que México exige para cambiar el presente y garantizar un futuro de ejercicio soberano de nuestras decisiones, de edificación democrática, progreso y bienestar.

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