Cubagate: un fraude entre dos países

No había una sola evidencia de que los 585 cubanos que el Gobierno federal y el de la Ciudad de México trajeron a nuestro país para que se sumaran a la atención de la contingencia cuenten con título profesional

Nuevamente el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en medio de la polémica por sus acciones al frente de la Presidencia de la República durante los primeros meses de la pandemia.



Julen Rementería, líder de la bancada panista en el Senado, presentó una serie de documentos de un supuesto fraude por 255,873,177 pesos, llevado a cabo entre el Gobierno mexicano y los médicos cubanos que llegaron al país para atender la pandemia.



Uno de los principales señalamientos realizados por el líder panista es el desvío de los recursos del Fondo de Desastres Naturales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la participación del líder cubano Migues Díaz-Canel en la contratación de médicos extranjeros sin título profesional. 



Durante la investigación se encontró que no había pruebas de que los médicos cubanos tuvieran forma de comprobar el grado de estudios necesarios para realizar las funciones para las que fueron contratados.



“No había una sola evidencia de que los 585 cubanos que el Gobierno federal y el de la Ciudad de México trajeron a nuestro país para que se sumaran a la atención de la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 cuenten con título profesional”.

 

Insertar: https://twitter.com/julenrementeria/status/1439939778061950978



También el Gobierno de CDMX, encabezado por Claudia Sheinbaum, se vio envuelto en las denuncias, ya que se firmó con Cuba dos convenios bianuales por 135,875,81 pesos y por 103,638,266 pesos para la contratación de médicos cubanos para apoyar en los hospitales públicos mexicanos.



La investigación realizada dejó en entredicho la acreditación de los médicos cubanos ante el sistema de salud nacional, ya que al solicitar al IMSS y al Insabi a través de los sistemas de transparencia no se pudieron acreditar los títulos profesionales ni las unidades médicas en las que realizaron las supuestas funciones.



Hasta el momento no se ha realizado ninguna denuncia penal por los documentos presentados, pero ya se plantea crear una comisión encargada para el análisis y la investigación de los hechos ocurridos durante los primeros meses de la pandemia.