La pensión y privilegios que reciben los expresidentes de México no sólo son ilegales al no tener fundamento en nuestra Constitución o cualquier otra norma, sino que es además, un gasto injusto y excesivo
México es un país de contrastes: cuando prácticamente la mitad de la población vive en una situación de pobreza, la riqueza de muy pocas personas podría alcanzar para emplear con un salario mínimo al total de todos los desempleados de nuestro país. Y cuando se habla de rendición de cuentas y eficiencia en el gasto público, los encargados de implementar estas medidas se encuentran envueltos en escándalos de corrupción y mal uso del dinero de todos los mexicanos.
De la misma manera, sólo 4 de cada 10 mexicanos podrán disfrutar de una pensión y quienes lo hagan deberán cotizar al menos 1,250 semanas ante el IMSS y haber cumplido 60 años, esto a pesar de que los mexicanos se encuentran entre los jubilados peor pagados del mundo al recibir sólo el 30 por ciento de su último salario cuando en otros países reciben hasta el 62 por ciento. Es decir, más del doble que en el nuestro. En contraste, quienes ocuparon por seis años el cargo de Presidente de México disfrutan de una pensión privilegiada que puede llegar hasta los 5 millones de pesos al incluir gastos por personal de ayudantía y seguridad para ellos y sus familias.
La pensión y privilegios que reciben los expresidentes de México no sólo son ilegales al no tener fundamento en nuestra Constitución o cualquier otra norma, sino que es además un gasto injusto y excesivo que se realiza con el dinero de todos los ciudadanos bajo un modelo de opacidad y falta de rendición de cuentas. Para ejemplificar lo anterior, podemos mencionar que con la misma cantidad que puede costar al mes un expresidente de México, podría pagarse la pensión de 14 ex primer ministros de Canadá, pensionar mensualmente con más de un salario mínimo a más de 1,400 personas o capacitar a 2,500 mujeres al mes en el Programa ‘Hecho por ellas’ del Gobierno de Guadalajara.
Ante esta situación, la clase política de nuestro País no puede mantenerse aferrada a sus privilegios y ajena ante la indignación y exigencias de todos los mexicanos. Y es ese justamente el espíritu que nutre la iniciativa que hace días presenté a nombre de los Diputados Ciudadanos que busca prohibir la pensión y todos aquellos beneficios ilegales que reciben los expresidentes de México; porque estamos convencidos que no es sólo una cuestión de ahorrar recursos públicos, sino que también es dar una muestra más de la voluntad que tenemos para dignificar la forma en cómo se hace política; y de que sí se puede hacer lo que cualquier buen ciudadano haría en nuestro lugar.
Nuestra intención no es demeritar el trabajo que hayan hecho los expresidentes, para ello lo van a juzgar los mexicanos. Pero como servidores públicos que han ocupado la más alta representación del Estado Mexicano, deben tener conciencia de que su servicio al País no es una justificación para hacerse de privilegios injustificados y exorbitantes. Porque servir al pueblo de México no es sinónimo de servirse de él; porque hacer lo correcto es eliminar estos privilegios arbitrarios y excesivos: no más pensiones a expresidentes.
Verónica Delgadillo García; Legisladora de Movimiento Ciudadano. Es parte de la bancada de Diputados Ciudadanos en el Congreso de La Unión.
