Es momento de revisar el concepto de participación política de las mujeres; las cifras dicen que votan más que los hombres, 66.2 por ciento contra 58.1 por ciento
Hay tres logros visibles en cuanto a la paridad de género, en materia política en México. El primero de ellos, es la existencia de un equilibrio de casi 50 por ciento, tanto en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos locales; el segundo, es la Reforma Constitucional de Paridad de Género en los órganos del Estado, llevada a cabo en junio de 2019; el tercero, es el incremento de los votos de mujeres, de acuerdo a las estimaciones muestrales presentadas por el INE sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de 2018.
Sin embargo, hace falta reconfigurar el concepto de participación política para solventar cifras como el bajísimo porcentaje de mujeres como dirigentes de partidos políticos o la cifra mínima de gobernadoras que ha tenido el país a lo largo de su historia, además de que se siguen requiriendo cambios de fondo para que esta paridad avance realmente en otras instituciones del Estado. Como ejemplo de estos huecos está la todavía escasa presencia de magistradas y juezas en el Poder Judicial.
No puede separarse del contexto de la búsqueda de la paridad, de una mayor y mejor participación de mujeres en la política y las decisiones importantes de los gobiernos, la deuda pendiente en seguridad de las mujeres en todos los frentes. Seguridad de vivir libres de violencia; seguridad de tener las suficientes herramientas para que el ámbito doméstico y de cuidado de la familia no sea un problema que las obligue a avanzar a medias, seguridad de contar con una adecuada y efectiva atención al cuidado de su salud.
Las políticas federales, lejos de llevarse a cabo con perspectiva de género, se han situado en un retroceso abierto y ofensivo.
No solo hay un incremento en los niveles de violencia en todos los sentidos por el hecho de ser mujeres; la desaparición de programas como las estancias infantiles, fundamentales para que las mujeres salgan a trabajar; un recorte absurdo en los recursos para los centros de justicia y atención a la violencia de género y programas de atención a la salud, sino que, además, se hace evidente el rechazo a su derecho de protestar.
La forma de hacer política, con un desprecio absoluto a las causas del respeto a los derechos de las mujeres se resume en la terquedad de sostener una candidatura para un hombre con serias denuncias de abuso sexual y violencia.
La noticia aquí es que la decisión del futuro político del país podría estar en manos de las mujeres. El estudio presentado por el INE sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de 2018 confirma que las mujeres votan más que los hombres, 66.2 por ciento contra 58.1 por ciento, una diferencia de ocho puntos porcentuales. Y pueden empezar por quitar lo que no funciona.
