Las instituciones y las leyes son justas para el presidente, si estas le favorecen, y corruptas cuando no es así
La historia del absurdo se repite con una frecuencia cada vez más aterradora en las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Particularmente en lo que se refiere a violentar las leyes para que se cumpla su voluntad. Y esa voluntad apunta, descaradamente, hacia la reelección.
El turno le toca ahora al Poder Judicial y desde el púlpito de su rueda de prensa matutina, el mandatario señala con dedo de fuego que los jueces que no avalen la ampliación del mandato de Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -que es a todas luces anticonstitucional-, entonces apoyan la corrupción.
El 23 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado con leyes reglamentarias de la Reforma al Poder Judicial, incluido el artículo transitorio que propone dicha ampliación del mandato del actual ministro presidente de la SCJN. La iniciativa, por supuesto, fue impulsada por López Obrador.
Desde su aprobación en el Senado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) criticó la ampliación de mandato para el presidente de la Corte y llamó a la Cámara de Diputados a corregir “una evidente transgresión constitucional”.
A pesar de las protestas de los propios integrantes del Poder Judicial por la violación que este y otros puntos de la “Reforma Judicial” hacían a la Carta Magna, la mayoría de Morena en la Cámara baja votó a favor.
La oposición en la Cámara de Diputados, conformada por el PAN, PRI, MC y PRD, informó que promoverá una acción de inconstitucionalidad en contra de esta ley. Esta controversia la tendrá que resolver la SCJN. Toda una novela.
Así que, la mezcla de declaración y amenaza de López Obrador va dirigida a esos jueces y ministros que habrán de tomar una decisión sobre la ilegalidad o no de la ampliación de mandato para el propio presidente de la SCJN.
¿Por qué se han generado tantas protestas? Pues nada más porque la Constitución establece que el plazo máximo para el presidente de la Corte es de cuatro años, sin posibilidad de reelección para el mandato inmediatamente posterior.
¿Qué esconde este espectáculo recurrente de proponer leyes contrarias a la ley? En este caso, Zaldívar termina su período el año que viene, y la ampliación de los dos años como ministro presidente alcanzarían, casualmente, el 2024, fecha de la siguiente elección federal.
Tras el pretexto de garantizar con Zaldívar una correcta aplicación de la reforma judicial (propuesta por AMLO y aprobada por SU mayoría), está en realidad un paso claro y abierto para una reelección presidencial, con un Poder Judicial a modo, donde las leyes no estorben.
Lo que menos le interesa al régimen lopezobradorista es el respeto a la Constitución o a la separación de poderes o las instituciones existentes que han costado al país una historia de sangre y lucha. A la ciudadanía sí nos debe importar, nuestro futuro y el de las siguientes generaciones depende de las decisiones que se tomen ahora.
Las instituciones y las leyes son justas para el presidente, si estas le favorecen, y corruptas cuando no es así. Se trate de la diaria campaña política que hace en sus “mañaneras”, se trate de las faltas cometidas por su protegido Félix Salgado Macedonio, o se trate de poner a modo al Poder Legislativo y al Poder Judicial. La regla es “Hágase la voluntad del señor (ahora la ley) en los bueyes de mi compadre (ahora su pueblo amorfo, sabio y bueno)”, así funciona la política de cuarta de López Obrador.
