Jonathan Sergio Medina
El dato es brutal y no admite maquillajes: mientras en el sexenio de Enrique Peña Nieto se destinaron más de 22 mil millones de pesos a la conservación y modernización de las carreteras federales de Jalisco, con Andrés Manuel López Obrador la cifra apenas alcanza los 5 mil 819 millones. La caída del 74% no es un simple ajuste presupuestal, es un mensaje político.
Las carreteras federales son arterias vitales para el desarrollo económico de Jalisco, un estado que conecta al país con el Pacífico y que sostiene gran parte del comercio nacional a través de sus corredores logísticos. Pero la fotografía que arrojan los números es otra: caminos deteriorados, baches que se multiplican y obras pospuestas indefinidamente. El gobierno federal ha preferido destinar miles de millones a megaproyectos concentrados en el sureste, mientras deja a estados estratégicos como Jalisco con migajas.
En este escenario, la pregunta no es retórica: ¿de qué sirven a Jalisco los legisladores de Morena? Su silencio frente al desplome presupuestal los vuelve cómplices. Han sido incapaces de gestionar recursos para un estado que aporta más de lo que recibe y cuya economía sostiene al país. Mientras tanto, la ciudadanía paga con inseguridad en las carreteras, mayores costos de transporte y un deterioro en la competitividad regional.
El contraste con los gobiernos anteriores es inevitable. Peña Nieto, con todos sus defectos, mantuvo un nivel de inversión constante en infraestructura vial. Hoy, con la autodenominada Cuarta Transformación, Jalisco ha retrocedido más de una década en materia de gasto carretero. Y la omisión no es menor: no se trata solo de cifras, sino de vidas en riesgo por carreteras que ya no cumplen condiciones mínimas de seguridad.
El castigo carretero contra Jalisco no puede normalizarse. Los legisladores federales del estado, sin importar filiación política, deben exigir en el próximo Presupuesto de Egresos un trato justo. La marginación presupuestal no solo daña la movilidad y el desarrollo económico, también revela la visión centralista y excluyente de un gobierno que premia lealtades políticas y castiga disidencias.
La pregunta que queda en el aire es incómoda para los guindas pero necesaria: ¿defienden a la gente que los eligió o a la línea partidista que los silencia? Porque mientras no respondan, Jalisco seguirá pagando con carreteras en ruinas el precio de tener representantes ausentes.
