Jonathan Sergio Medina
En Jalisco nació una nueva alianza política, tan contradictoria como peligrosa: el PANPRIMOR, el bloque integrado por el PAN, el PRI y Morena que busca impulsar la reforma judicial guinda en el Congreso local.
Lo que debía ser una discusión seria sobre el futuro de la justicia en el estado terminó convirtiéndose en un ejercicio de opacidad y reparto de poder. En apenas siete minutos, y tras una convocatoria realizada con una hora de anticipación, los legisladores del PAN, PRI y Morena votaron un dictamen de 125 páginas, sin debate, sin transparencia y sin respeto a la ciudadanía.
El PAN y el PRI, que en el discurso nacional se dicen opositores del régimen federal, en Jalisco decidieron ser sus cómplices. Traicionaron a sus propias dirigencias y a la gente que votó por ellos, entregándose a Morena a cambio de posiciones y cuotas dentro del Poder Judicial. Detrás de la retórica de “armonización constitucional” se esconde un viejo conocido: el reparto de huesos. Lo que el PANPRIMOR impulsa no es una reforma para mejorar la justicia, sino una maniobra política para controlar jueces, magistrados y órganos clave como el Tribunal de Justicia Administrativa, pieza central para blindar los negocios y garantizar la impunidad de los suyos.
El nuevo modelo que PAN, PRI y Morena defienden reduce el mérito, la experiencia y la trayectoria profesional de quienes aspiran a servir en el Poder Judicial. La selección de jueces y magistrados pasará de ser un proceso técnico a un ejercicio político, donde el mérito cede ante la tómbola y el favoritismo. Lejos de profesionalizar la justicia, la reforma abre la puerta a que operadores partidistas, amigos y familiares terminen ocupando cargos que deberían ganarse por preparación y capacidad. En nombre de la “democratización”, lo que se impulsa es la politización de la justicia.
El procedimiento utilizado para aprobar la reforma confirma que la vieja política sigue viva. Sesiones convocadas al vapor, dictámenes aprobados sin lectura, negociaciones en lo oscurito y acuerdos de reparto: la misma fórmula del régimen que el PAN y el PRI prometieron dejar atrás. Hoy, con Morena como socio mayoritario, el PAN y el PRI reviven lo peor del sistema que decían combatir, y lo hacen justo en el terreno más delicado: el de la justicia.
Ante este panorama, Movimiento Ciudadano se mantiene firme en la defensa de un Poder Judicial verdaderamente independiente, con perfiles preparados, éticos y comprometidos con la ciudadanía. La postura es clara: ni tómbolas, ni cuotas partidistas, ni acuerdos bajo la mesa. La justicia no puede ser un botín político, ni una moneda de cambio entre partidos.
Porque lo que está en juego no es solo el equilibrio entre poderes, sino la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Y eso, en Jalisco, no se negocia.
