Como resultado de la desigualdad que se vive en nuestro país, la prisión preventiva provoca que más de 93,000 personas sean privadas de su libertad sin una sentencia y sin acceso a una defensa adecuada.
Frente al Pleno del Senado, Clemente Castañeda Hoeflich, senador y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca limitar la figura de la prisión preventiva y eliminar el arraigo domiciliario.
La prisión preventiva oficiosa mantiene a más de 93,000 personas privadas de su libertad sin una sentencia y sin acceso a una defensa adecuada. Es momento de revertir esta medida punitiva que no reduce el crimen ni la impunidad y que violenta los derechos de personas. pic.twitter.com/B1tZ38hWn0
— Clemente Castañeda H (@ClementeCH) February 1, 2023
En nombre del grupo parlamentario de MC en el Senado, Castañeda denunció que, debido a la desigualdad en nuestro país, más de 93,000 personas están privadas de su libertad sin haber recibido una sentencia y sin siquiera tener acceso a una defensa adecuada:
“En nuestro país, la presunción de inocencia se viola todos los días y, hay que subrayarlo, los pobres son los primeros que lo pagan. Además de la injusticia, la prisión preventiva oficiosa representa uno de los mayores fracasos del sistema de procuración de justicia en nuestro país”.
Además, el senador afirmó que, tan solo en los últimos dos años, la población en las cárceles del país aumentó en un 13 %. Sin embargo, también aumentaron diversos delitos, como los feminicidios, el abuso sexual y la desparición de personas: “Lejos de reducir la incidencia delictiva, la prisión preventiva oficiosa es un lastre que nos impide tener justicia; su aplicación no tiene una reducción en los delitos”.
Una exigencia social y un llamado a la justicia
De acuerdo con los datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, en enero del 2022, un total de 223,385 personas se encontraban privadas de su libertad en prisión. De estas, el 41 % no contaba con una sentencia condenatoria.
Por otra parte, según la información del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2022 del Inegi, desde el 2017 ha aumentado en un 10.2 % la tendencia de privar de la libertad a las personas sin una sentencia previa.
Así mismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto que tanto el arraigo como la prisión preventiva oficiosa son prácticas contrarias a los parámetros elementales de derechos humanos y un abuso inadmisible en cualquier sociedad democrática.
Para Castañeda Hoeflich, la propuesta de reformar los artículos 16, 18 y 19 de la Constitución es una exigencia social y un llamado a la justicia.
El hecho de sustituir la capacidad de investigación de las autoridades por el dictado automático de una resolución judicial representa una transgresión al derecho a la libertad de las y los procesados.
“No caigamos en falsos debates, la prisión preventiva oficiosa no reduce el crimen ni acaba con la impunidad”.
“Para caminar hacia la paz, tenemos que hacernos cargo de lo que nos toca: revisar y corregir la Estrategia Nacional de Seguridad; coordinar esfuerzos entre municipios, estados y la federación; fortalecer a nuestras policías en los tres órdenes de Gobierno; y sí, también dejar de criminalizar a los más pobres con figuras como la prisión preventiva”, apuntó el coordinador.
Cabe mencionar que la iniciativa impulsada por MC ha sido turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda.
