Esta decisión solo acentuaría la urgencia de equilibrar los contrapesos políticos en la Cámara de Diputados en las próximas elecciones del 6 de junio
Andrés Manuel López Obrador ha dejado muy clara su intención de volver a los monopolios de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. El presidente de México insiste de forma obstinada en que la apertura del sector energético en materia de exploración, extracción de hidrocarburos y generación eléctrica ha debilitado a las empresas estatales.
A pesar de que la promulgación de la nueva Ley de la Industria Eléctrica ha generado un creciente descontento por sus consecuencias legales, ambientales y económicas, y de que han procedido las impugnaciones hechas por las empresas afectadas, lejos de replantear sus políticas en materia energética, hay indicios de que el Mandatario federal pretende adelantar las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos, que le darían nuevamente a PEMEX el control de precios, importación, distribución y comercialización de combustibles en el país.
En varios medios se ha publicado que la iniciativa de una nueva ley de hidrocarburos ya está en manos del grupo parlamentario de Morena en el Senado y que, furioso por el freno que los jueces del Poder Judicial Federal le pusieron a su reforma eléctrica, AMLO ordenó que se presente durante la actual legislatura, donde este partido y sus aliados tienen la mayoría, para asegurar su aprobación.
De acuerdo con estas publicaciones, la información viene de una persona que prefirió mantener el anonimato y está cercana al proceso elaboración de la mencionada reforma. Dicha fuente señaló que la nueva legislación no tocaría los contratos de exploración y producción otorgados a través de las rondas de licitación a participantes privados, del mismo modo que no será retroactiva para las marcas que actualmente venden combustible en el país, pero, en cuanto los permisos de importación pierdan vigencia, tendrán que recurrir a PEMEX.
El año pasado, López Obrador presentó un documento en el que planteó “una nueva política” en materia energética que busca “recuperar” el dominio del Estado sobre las industrias petrolera y eléctrica, y pidió a reguladores e institutos públicos de este sector analizar si la aplicación de sus lineamientos en el ámbito energético era posible con las leyes actuales, pues de lo contrario, impulsaría una contrarreforma energética pero, después de las elecciones de 2021.
Preocupan las reacciones autoritarias del presidente, su falta de un análisis real ante las consecuencias de dar marcha atrás a las reformas energéticas que se hicieron el sexenio pasado; dichas reformas se hicieron en gran parte porque la capacidad de las paraestatales para cubrir los requerimientos energéticos de nuestro país hace mucho que se vio rebasada.
Según los “otros datos” de AMLO, el debilitamiento de PEMEX y la CFE ha sido por la apertura del sector energético a capitales privados y no por los malos manejos, la corrupción y el excesivo endeudamiento de estas paraestatales. A López Obrador ya no le alcanza su discurso estancado en un México cuya realidad de los años setenta, no tiene nada que ver con sus circunstancias actuales.
Un “madruguete” para que la obediencia ciega de la mayoría de Morena y sus aliados le aprueben al presidente su anunciada y caprichosa contrarreforma a pesar del costo que esto le significaría al país, solo acentuaría la urgencia de equilibrar los contrapesos políticos en la Cámara de Diputados en las próximas elecciones del 6 de junio.
