Entiendo que el descrédito genérico de los partidos hace convincente la idea de que recortar el recurso a los partidos es idóneo, pero no lo es.
Cuando cursaba la facultad de Ciencias Políticas, los estudiantes teníamos varias bromas referentes a la escasa oportunidad laboral que sufriríamos al momento de egresar.
Corrían los tiempos del bipartidismo PAN/ PRI en Jalisco, mis colegas y yo buscábamos plataformas para incidir en los asuntos públicos, y el sistema era muy cerrado. Buscar espacio en algún partido político era complejo. Había estructuras y compromisos muy anquilosados por un modelo que se negaba a abrirse.
Es innegable que la incursión de Movimiento Ciudadano en la arena electoral transformó el sistema de partidos en Jalisco y abrió canales a la participación política a diversos segmentos sociales, entre ellos una generación de estudiantes formados en las ciencias sociales, de la cual fui parte.
Pero hay otro elemento indispensable: el marco legal que permitía el financiamiento público a fuerzas políticas emergentes como MC.
De hecho, al integrarme a MC, identifiqué que muchos de los perfiles, jóvenes, mujeres y varones con mucho talento, solo podían incursionar en actividades partidistas a partir de la posibilidad del financiamiento público. Actividades como la confección de una estrategia política y de comunicación, asistir a talleres, capacitaciones, hasta el revitalizante ejercicio de trabajar territorialmente en un crucero ondeando banderas para posicionar un proyecto político, fueron posibles porque nuestro sistema electoral fondeaba la democracia.
Entiendo que el descrédito genérico de los partidos hace convincente la idea de que recortar el recurso a los partidos es idóneo, pero no lo es.
Importancia de los partidos políticos
En primer lugar los partidos políticos, desde su fundación, son insustituibles en democracia. Son instituciones de interés público. Incluso, según el “Diccionario de ciencia política”, de Bobbio y Pasquino, los partidos políticos surgen para que la sociedad tenga el derecho de participar en la gestión del poder político a través de métodos organizativos.
La presencia de los partidos políticos es importante y su financiamiento también. Sin embargo, el uso indebido de algunos o muchos institutos hace que exista un velo de desconfianza por el correcto uso de los recursos, que ciertamente son millonarios.
Pero no hay que tirar el agua con todo y niño; hay que combatir las malas prácticas de los partidos, no el financiamiento democrático. Hay que criticar la discrecionalidad, no el financiamiento democrático.
De lo contrario, habrá más impedimentos para que movimientos sociales encuentren su cauce institucional y compitan en la arena electoral, dando más frescura y pluralidad al sistema de partidos y al sistema político en general.
De hecho, los 2 partidos de más reciente creación en la entidad se quejan de la última reforma sobre el financiamiento, cuando, en realidad, en su momento fueron beneficiados por este esquema. Peor aún, uno de ellos propició una reforma que hacía desigual la proporción de los votos obtenidos con la cantidad de recursos que recibirían.
Pero quizá el argumento más sólido para defender el financiamiento público es el siguiente:
Limitar o, peor aún, eliminar los fondos de los partidos incentivará aún más lo que en la práctica ya es una realidad, la intervención ilegal e ilegítima del capital privado en las campañas políticas.
El peligro del financiamiento con recursos privados
Está documentado en diversos estudios, desde Woldenberg, hasta Josep Colmer, que la ilegítima inyección de recursos privados coopta la esencia misma de la democracia. Además, promueve la participación de quienes tienen dinero, limitando la de quienes no lo tienen y solo buscan un espacio para incidir, y ata de manos a varios representantes; hace más elitista la actividad pública y partidista.
Ahora bien, si se va a defender que exista capital privado en esta, teóricamente, noble actividad democrática, que se haga como en Estados Unidos, donde esos movimientos presupuestales privados son transparentes, registrados y de dominio público.
Finalmente, no podemos renunciar a que los recursos que se destinan a los partidos políticos registrados ante la autoridad electoral sean proporcionales a los votos que obtuvieron en las urnas. Podemos discutir sobre los montos, pero al hablar de financiamiento, la proporcionalidad es el principal elemento a tomar en cuenta si hablamos de respetar la voluntad popular en referencia al proceso electoral anterior.
Allan Matthews Cisneros Rodríguez,
delegado estatal de la fundación Lázaro Cárdenas.
