¿Salud o cuarta transformación? El asalto de AMLO al sector salud

El reciente anuncio sobre la reducción de más del 50 % al presupuesto federal destinado a la salud pública para el 2024 es una decisión que levanta múltiples cuestionamientos y enciende diversas alarmas.

En los últimos días, el Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado su Proyecto de Presupuesto de Finanzas Públicas para el 2024

Entre las numerosas cifras y asignaciones presupuestarias, una realidad preocupante —y ridícula— se pone a la vista que el presupuesto destinado a la salud pública se enfrenta a un drástico recorte del 55 %, pasando de poco más de 219,658 millones de pesos en el 2023 a apenas 96,990 mdp proyectados para el 2024. Esta decisión plantea serias interrogantes sobre las prioridades del Gobierno y las posibles consecuencias para la salud de las y los mexicanos.

El recorte que el Gobierno federal propone en el presupuesto de salud es más que una simple reducción de gastos; es un golpe directo a un sistema que ya enfrenta desafíos considerables de todo tipo. 

Cabe recordar que la pandemia de COVID-19 exhibió la debilidad del sistema nacional de salud y dejó de manifiesto la importancia de contar con un sistema de salud robusto y bien financiado. Con más de 620,000 muertes por esta enfermedad en México, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno encabezado por López Obrador parece ignorar una lección crucial: con la salud no se juega

El recorte en el presupuesto para salud podría tener consecuencias devastadoras para la población mexicana. Reducir los recursos destinados a la atención médica, a la adquisición de medicamentos y a la inversión en infraestructura de salud podría traducirse en una atención de menor calidad y en la falta de acceso a servicios esenciales para muchas comunidades vulnerables. 

¿El pueblo es primero?

Esto cobra aún más relevancia cuando se considera que, según las estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el año pasado se duplicó la población que enfrentó carencia de servicios de salud, al pasar de 20.1 millones de personas sin acceso en 2018 a 50.4 millones en 2022. 

La magnitud de esta crisis no puede pasarse por alto y es imperativo que el Gobierno reconsidere sus decisiones presupuestarias para garantizar que la salud de las y los mexicanos sea una prioridad indiscutible.

Este recorte drástico en el presupuesto de salud es aún más preocupante cuando se considera la retórica oficial del gobierno de AMLO. El presidente ha hablado en repetidas ocasiones sobre la importancia de poner al pueblo primero y de luchar por un México más justo y equitativo. Sin embargo, la reducción presupuestaria en salud parece contradecir estos principios.

Entre las preguntas que muchos se hacen destacan ¿por qué reducir de manera tan significativa el presupuesto de salud? ¿A dónde van a trasladar esos recursos? 

A poco tiempo de que comiencen las campañas electorales y considerando el reto que nos representará a todos los mexicanos una elección de Estado, el Gobierno debe explicar sus prioridades y justificar este recorte en un área tan crucial para el bienestar de la población.

Un sacrificio injustificable

Es fundamental que este recorte en el presupuesto de salud sea revisado y reconsiderado. La salud de la población mexicana no puede ser sacrificada en aras de supuestos objetivos fiscales. 

Es responsabilidad del Gobierno garantizar que todos tengan acceso a una atención médica de calidad y que las crisis de salud pública se enfrenten con los recursos adecuados. ¿Cómo justificar el recorte presupuestal mientras miles de niñas y niños mueren sin poder acceder a un tratamiento o a un lugar en el hospital?

La idea de López Obrador de recortar el 55 % del presupuesto de salud no debe de tratarse como un trámite más, es una decisión que debe ser sometida a un escrutinio riguroso y cuestionada por su impacto en la vida de los mexicanos. 

La salud no debe sacrificarse en busca de equilibrios presupuestarios. Es esencial que el Gobierno federal revalúe esta decisión y demuestre su compromiso con el bienestar de la población: la salud de un país es una prioridad con la que no se debe hacer política.