Ante la campaña de ataque del grupo que manipula a la Universidad de Guadalajara (U. de G.) contra los poderes constitucionales en el estado, el Gobierno de Jalisco reitera su respeto hacia la autonomía del Poder Judicial.
De nueva cuenta y haciendo uso de recursos públicos, el grupo que mantiene secuestrada a la U. de G. ha emprendido una campaña de ataque en contra de los poderes constitucionales en Jalisco.
En esta ocasión, a través del Consejo de Rectores de la U. de G., afirman que el predio que forma parte del proyecto Iconia, en Huentitán y el cual ha sido utilizado de manera irregular para sus manifestaciones, es público, lo cual es falso.
Esta afirmación resulta una completa mentira, teniendo en consideración que, durante la administración del panista Alfonso Petersen Farah frente al Gobierno de Guadalajara, una porción de dicho predio fue cedida en 2008 y por decreto a una empresa privada.
Al respecto, el Gobierno de Jalisco ha reiterado, por medio de un boletín oficial, su respeto hacia el Poder Judicial del estado.
Señalado de invadir un predio en Huentitán propiedad de una empresa privada, Javier Armenta, expresidente de la FEU fue citado a comparecer este jueves en los juzgados de Puente Grande donde podría ser imputado, en caso de no asistir le podrían girar orden de aprehensión. pic.twitter.com/TaPvahTEbl
— Jalisco Rojo (@Jalisco_Rojo) January 4, 2023
A través de este comunicado el Gobierno estatal afirma que no tiene injerencia alguna en el proceso judicial llevado contra Javier Armenta, expresidente de la FEU, quien encabeza la manifestación dentro del predio invadido ilegalmente:
“El Gobierno de Jalisco reitera su respeto a la autonomía del Poder Judicial. Las decisiones que tome este poder son en el ejercicio de su soberanía. Además, el Gobierno respeta el derecho a la libre manifestación, y aclara que no ha habido ni un solo acto de represión en las más de 180 manifestaciones que la U. de G. ha organizado”.
Así mismo, el Ejecutivo estatal reitera que este asunto es un tema entre particulares, en el cual el Gobierno de Jalisco no interviene de manera alguna.
