Tras la audiencia inicial del pasado jueves que da seguimiento a la denuncia levantada por parte de particulares, se dictó prisión preventiva contra los estudiantes de la U. de G. que invadieron un predio privado en 2021.
El pasado jueves 15 de enero, Javier Armenta junto con otros dos estudiantes de la Universidad de Guadalajara fueron citados para responder a la denuncia iniciada por particulares, en este caso las empresas Operadora Hotelera Salamanca y Hoteles Rivera Delux.
El motivo: la supuesta ocupación ilegal por parte de los imputados de un predio de 13.6 hectáreas en propiedad privada ubicado en Huentitán. Dichas acciones habrían sucedido en 2021, cuando los estudiantes se mantuvieron dentro del predio durante días en su manifestación y hasta su desalojo por parte de la Fiscalía del estado.
Al respecto, el Consejo de Rectores de la U. de G. emitió recientemente un comunicado en el cual aseguró que este predio era propiedad pública, a lo cual el Gobierno de Jalisco desmintió tal afirmación.
Luego de la audiencia inicial que dio seguimiento a este caso, el juez décimo de control Felipe de Jesús Rivera Gallegos dictó prisión preventiva a los estudiantes por el presunto delito de despojo con violencia de inmuebles y aguas.
Se quedan en prisión preventiva oficiosa Javier Armenta, y sus compañeros Alexis Rojas e Ilich Cisneros.
— DanielEmilio Pacheco (@DEPACHECOS) January 5, 2023
La defensa de Armenta, Rojas y Cisneros pidieron la ampliación del término constitucional de 144 horas, entonces, el martes se reanudará la audiencia.#JavierArmenta #FEU pic.twitter.com/WiDG9zJe8X
Ante la dictaminación de la prisión preventiva de por lo menos tres días, se continuará con la audiencia el próximo 10 de enero, cuando se decidirá si los imputados son o no vinculados a proceso.
Convenio que avala la propiedad privada del predio
Para comprender mejor este caso, se debe remontar al año 2008, cuando la administración encabezada por el entonces panista Alfonso Petersen Farah cedió la porción de este predio a particulares. Este convenio quedó avalado entonces, incluso, por la propia Universidad de Guadalajara.
En la publicación del 10 de julio de 2008 de la Gaceta Municipal de Guadalajara, puede constatarse la aprobación del proyecto denominado Puerta Guadalajara. En el artículo tercero de este documento quedó establecido lo siguiente:
“La afectación del bien inmueble, mismo que en este acto se desincorpora del dominio público del municipio, quedando sujeto al régimen del dominio privado del mismo, para su aportación por el municipio de Guadalajara, para la realización y conclusión del proyecto”.
El documento especifica también la aprobación de un órgano honorífico que daría seguimiento desde entonces al cumplimiento de este decreto, en cual se encuentra un representante de la Universidad de Guadalajara.
Al respecto, el propio alcalde tapatío Pablo Lemus Navarro reiteró que este caso se trata de un tema entre particulares, donde los Gobiernos municipal y estatal no tienen injerencia alguna:
“Este predio es propiedad privada, no es un predio público, y esto hay que dejarlo muy claro. Ni el Ayuntamiento de Guadalajara ni el Gobierno del estado somos parte de este juicio”.
De esta forma, una vez más, quedan al descubierto las mentiras y los intereses que parecen estar motivando al grupo que mantiene secuestrada a la U. de G. Su sed de poder y ambición política parecen llevarlo a un punto donde, en un afán por desprestigiar la labor de los Gobiernos, están dispuestos a interferir en el ejercicio de la justicia.
