Destitución del secretario ejecutivo del INE: el inicio de la forzada aplicación del plan B de AMLO

Por unanimidad y ante la forzada aplicación del plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente AMLO que ordenó la destitución de su hasta entonces secretario ejecutivo, el Consejo General del INE aprobó el nombramiento de Roberto Heycher Cardiel Soto como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del organismo electoral.

Sin embargo, ante el cumplimiento al decreto de esta reforma, el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que esta decisión se da “con motivo del notoriamente inconstitucional, arbitrario y unilateral cese del licenciado Edmundo Jacobo Molina”.

Así mismo, destacó que el Instituto ha actuado siempre “con absoluto apego al Estado de derecho y esta no será la excepción, incluso si ello supone dar los primeros pasos para instrumentar una reforma que condena a la institución a un desmembramiento impuesto”.

“Tal es el temor al profesionalismo, capacidad, dedicación, integridad y rectitud de un servidor público ejemplar, que el primer efecto de la reforma, incluso antes de entrar en vigor, es destituir inconstitucionalmente a quien ha sido por 14 años secretario ejecutivo de este Instituto y que, estoy seguro, pronto retomará esa función”.

Una reforma electoral contraria a la Constitución

Por su parte, Ciro Murayama, consejero electoral del INE, señaló los abusos y deficiencias que se presentan en materia legal con la reforma electoral de AMLO.

En palabras del consejero, el plan B presidencial es tan abusivo como deficiente, ya que en su primer artículo transitorio se expresa que “entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

“¡Gol! Cesaron al secretario ejecutivo un día antes de que entrara en vigor el plan B. Así la falta de seriedad legislativa”.

“En realidad, la Secretaría Ejecutiva no desaparece en el plan B porque no pudieron borrar una figura consagrada en la Constitución; sí la disminuyen, la distorsionan y, con ella, a la junta general ejecutiva que se sustituye por una comisión de administración integrada por consejeros electorales. De nuevo, el plan B resulta contrario a la Constitución, al mezclar a los integrantes del máximo órgano de dirección del INE, el Consejo General, con un órgano ejecutivo”, apuntó Murayama. 

Cabe señalar que, junto con el cese anticipado del secretario ejecutivo, algunos de los efectos de la reforma electoral que atentan contra las funciones del INE incluyen:

• Despido del 85 % de la estructura del Servicio Profesional Electoral.
• Fallas en la integración de casillas, en la capacitación y en la fiscalización de los partidos políticos.
• Violación a su autonomía, al facultar al Poder Ejecutivo para intervenir directamente dentro del padrón electoral.