El INE interpone ante la SCJN una segunda controversia constitucional contra el plan B de AMLO

Con la intención de frenar las inconstitucionalidades del plan B de la reforma electoral impulsada por AMLO, el INE ha interpuesto recientemente una segunda controversia constitucional ante la SCJN.

Mediante este recurso, el Instituto busca defender, junto con su autonomía, el Estado democrático establecido en la Constitución mexicana. Esto al considerar los 200 artículos de la reforma electoral que vulneran 25 disposiciones constitucionales. 

Entre las diversas inconstitucionalidades señaladas por el INE destacan las siguientes: 

• Se vulnera la autonomía que el artículo 41 le otorga al INE al obligarlo a reestructurarse y a cesar a su secretario ejecutivo.
• Rompe el principio de profesionalización al sustituir las 300 juntas distritales por órganos auxiliares no permanentes en los que habrá una sola persona en lugar de los cinco vocales que se contemplan en la ley vigente.
• Quiebra el mandato constitucional de distinguir entre órganos ejecutivos y órganos de dirección al obligarse la creación de una comisión de administración integrada por cinco consejeros electorales.
• Al eliminarse áreas como la Unidad Técnica de Fiscalización, la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, se vulnera el mandato constitucional de que el INE cuente con órganos de carácter técnico para cumplir con sus atribuciones. 
• Se contravienen los principios constitucionales de certeza y no discriminación al cambiar los tiempos y métodos para la capacitación de personas integrantes de mesas directivas de casilla.

¿Qué argumentos presenta el INE contra el plan B?

En su argumentación, el INE ha denunciado la violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión debido a que “en franco fraude a la ley, impactaron en la calidad democrática de la reforma, pues dio trámite urgente a una iniciativa que, por disposición legal, no podía ser sometida al mismo, no respetó el principio de publicidad ni mucho menos el deliberativo que rige al órgano legislativo, impidiendo la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria”.

Además, acusó la vulneración de las condiciones de equidad y otros principios que deben regir las contiendas electorales, ya que esta reforma ordena cambios que afectan la certeza en las distintas etapas del proceso electoral:

“El INE demanda la invalidez de gran parte de la reforma, derivado de las violaciones constitucionales que afectan su autonomía, independencia, así como la invasión a su esfera competencial”.

Así mismo, el organismo electoral denuncia la afectación inconstitucional de sus derechos laborales, al contemplar el desmantelamiento de su estructura orgánica. Esto incluye la eliminación del  85 % de las plazas del Servicio Profesional Electoral. 

Cabe recordar que esta segunda controversia constitucional se suma a una primera controversia presentada el pasado febrero contra el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas.