Las dependencias federales responsables del combate a incendios forestales tuvieron que recurrir a convenios con los gobiernos de los estados para que estos corrieran con los gastos operativos.
La amenaza de un año crítico de incendios en bosques, pastizales y selvas del país se ha visto cumplida, prácticamente, en los primeros dos meses del año, donde reportes de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) señalan que se dañaron 29 mil 559 hectáreas, la tercera superficie más extensa en los últimos 10 años, tan solo del 1 de enero al 11 de marzo de este 2021.
La CONAFOR, encargada de proteger los bosques de México, ha advertido que el fenómeno meteorológico de La Niña aumenta las condiciones de sequía, incrementando el riesgo de incendios. Sin embargo, uno de los mayores problemas para la dependencia viene de la mano de los recortes presupuestales aplicados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que han complicado las operaciones de prevención y combate de incendios forestales.
En 2021, CONAFOR sufrió un recorte en su presupuesto de 8.6 por ciento anual, alcanzando los 2 mil 762 millones de pesos. Además, el año anterior ya se había registrado una reducción de mil 229 millones de pesos.
Las dependencias federales responsables del combate a incendios forestales tuvieron que recurrir a convenios con los gobiernos de los estados para que estos corrieran con los gastos operativos, situación que cada vez se torna difícil con la drástica disminución que tuvieron también las entidades federativas en sus partidas presupuestales federales. Por si esto no fuera suficiente, en 2020, la política de “austeridad” de AMLO eliminó el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), bolsa de emergencia a la que los estados podían acceder para resarcir daños provocados por los siniestros.
La operatividad de estas dependencias fue severamente afectada por los recortes presupuestales de esta administración. En 2019, mientras el país ardía en medio de una temporada de incendios forestales visiblemente complicada por la desaparición del apoyo federal, Sergio Sánchez, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), admitió que la disminución de presupuesto provocó la suspensión de programas de empleo temporal con los que se pagaba a brigadas para el combate de estas conflagraciones.
Aunque los datos de las instancias ambientales coinciden en que la mayor parte de los incendios es provocada por actos criminales, accidentes por fogatas, quemas agrícolas o por consecuencias en los cambios de uso de suelo, tampoco se ha visto avance en materia de justicia ambiental, la impunidad sigue imperando en los delitos contra la biodiversidad derivados de incendios de bosques, selvas, pastos, o cultivos.
Aunque aluden a los delitos por impacto al medio ambiente en general (entre los que se encuentran la provocación de incendios forestales), publicaciones de reporteindigo.com realizadas en febrero y marzo de este año, señalan la fallida integración de expedientes por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Fiscalía General de la República (FGR), así como el hecho de que, en lugar de castigar a los verdaderos culpables, son frecuentes los apresamientos de campesinos e indígenas que realizan una explotación mínima de los bosques, ya que su cosmovisión hace que en sus sistemas de gobernanza se apliquen medidas que buscan proteger tanto al recurso natural como a los habitantes de sus comunidades.
https://www.reporteindigo.com/reporte/autoridades-ambientales-van-contra-indigenas/
A partir de que se iniciaron las reducciones presupuestarias, organizaciones de la sociedad civil han hecho un llamado al Presidente de la República y al Congreso de la Unión para que reconsideren las consecuencias del desmantelamiento de las capacidades técnicas, humanas, financieras y operativas tanto de la CONAFOR como de las dependencias involucradas en la prevención y combate de incendios forestales; han advertido de la vulnerabilidad en que se deja a las zonas boscosas del país cada temporada de sequía y del severo impacto ambiental que estos siniestros generan. Pero AMLO es sordo y ciego ante estas realidades.
Los afanes populistas del presidente atropellan la urgente necesidad de proteger el medio ambiente; lo demuestran sus políticas energéticas, su proyecto estrella del Tren Maya, la suspensión de apoyos al campo. Lo demuestran sus recortes presupuestales que son combustible para los incendios que consumen los bosques y el futuro de nuestro país.
