Defienden autonomía del Poder Judicial

En los últimos días, el asunto de la controvertida reforma energética se ha desarrollado a tirones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial: el juez segundo de distrito en materia administrativa, Juan Pablo Gómez Fierro, detuvo la aplicación de la nueva Ley de la Industria Eléctrica, a 24 horas de ser aprobada. Acto seguido, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que revisara la actuación de dicho juez.

Por su parte, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, a través de su cuenta de Twitter reviró que los jueces federales actúan con independencia y autonomía y que el CJF garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad. 

El lunes 15 de marzo, el Mandatario hizo oficial y por escrito su exigencia, con una carta dirigida a Zaldívar en la que pide revisar la suspensión provisional concedida en favor de quienes no promovieron el juicio de amparo contra la reforma.

Exige que "el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio".

Ese mismo día, el ministro Zaldívar le contestó igual por escrito: “Como procede en estos casos, su queja será remitida al área correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal para que, de existir elementos, se abra la investigación que en su caso procediera, con pleno respeto a la autónoma e independencia de la función jurisdiccional, así como a las garantías que la protegen”, dice la carta que Zaldívar envió al presidente.

Según López Obrador, el juez está defendiendo el descontento de los dueños de las empresas extranjeras y también de algunos mexicanos, “pero la verdad es que estaban abusando vendiendo cara la energía eléctrica, recibiendo subsidio. Ellos fueron beneficiados con contratos leoninos”.

Otra vez, la Ley es lo de menos, la Constitución es lo de menos, lo que importa es el parecer del mandatario federal.

Recordemos que la principal polémica de la nueva ley energética se presentó ante el señalamiento de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene preferencia en la venta de energía eléctrica, misma que genera con combustibles fósiles -no renovables y altamente contaminantes-, y solo si queda demanda, se podrá recurrir a las empresas privadas que generan electricidad con las llamadas energías limpias, principalmente a partir de la fuerza del viento, la luz solar y el gas natural.

La apertura a la inversión privada en la producción de luz que se aprobó el sexenio pasado, se basó en que la CFE estaba operando ya en números rojos y se debía responder a la urgencia de implementar sistemas sustentables para generar electricidad en el país.

Varias empresas extranjeras invirtieron en la construcción de plantas de energía eólica, solar y de gas, por lo que la reforma propuesta por López Obrador afectaría estas inversiones, además de las consecuencias de regresar al monopolio de la CFE, tanto en materia económica como en materia ambiental.

Las impugnaciones legales de los inversionistas afectados eran el siguiente escenario y esto fue advertido por especialistas nacionales e internacionales.

La decisión del juez de conceder las primeras suspensiones provisionales a empresas que impugnaron el nuevo estatuto, y que tendrá efectos generales, es decir, que protegerá a todas las compañías, se sustentó en que podría llegar a dañar la competencia y la libre concurrencia en el sector eléctrico, además de que puede producir daños inminentes e irreparables al medio ambiente, toda vez que fomenta la producción y el uso de energías convencionales que desincentivan la producción de energías limpias, y genera incertidumbre. Todo esto es contrario a la Constitución Mexicana.

Es imprescindible la defensa de la autonomía del Poder Judicial. No es terminando con las instituciones ni poniéndolas a modo de las ocurrencias de López Obrador como se va a terminar con la corrupción, que es la bandera del Presidente para justificar sus imposiciones. Los caminos deben ser a través del respeto a las leyes y como señala Zaldívar en Twitter:

“Sus fallos (de los jueces) pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial”.