La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha invalidado el decreto presidencial al considerar que este transgrede el derecho de acceso a la información y las facultades de las autoridades en materia de transparencia.
Desde el pleno de la SCJN se invalidó recientemente el decretazo expedido por AMLO que clasificaba sus megaproyectos como asuntos de seguridad nacional, con lo cual se protegía la información sobre estos de ser compartida públicamente e impedía cualquier obstrucción para frenarlos.
#LaCorte declaró inconstitucional el acuerdo del Poder Ejecutivo que declaraba obras y proyectos como de interés público y de seguridad nacional, por transgredir el derecho de acceso a la información, así como las facultades del @INAImexico para su salvaguarda.
— Suprema Corte (@SCJN) May 18, 2023
Durante la deliberación del proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara para invalidar el decreto presidencial, este fue aprobado en su mayoría por el pleno magisterial (8 de 11 votos).
En su argumento, González Alcántara explicó que, de acuerdo con el artículo sexto constitucional, toda información es pública y únicamente podrá reservarse temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional.
Así mismo, el ministro sostuvo que para la aplicación de esta excepción es necesaria una justificación y al querer implementar esta medida de manera general se incide negativamente en el derecho de la ciudadanía al acceso de la información. Además, con la aplicación del decreto presidencial se vulneran las facultades del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la información y Protección de Datos Personales (Inai).
La respuesta de AMLO no se hizo esperar
Sin embargo, no pasaron más de cuatro horas después de esta decisión judicial cuando el presidente López Obrador respondía con la emisión de otro decreto similar al anterior y con la misma intención.
En este nuevo decreto presidencial publicado el pasado jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se declararon como asunto de seguridad nacional e interés público la información de algunos de sus megaproyectos, incluyendo:
- Tren Maya.
- Corredor interoceánico del Istmo.
- Aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.
En este nuevo decreto, se intenta justificar la decisión de considerar la información de estas obras como un asunto de seguridad nacional con el siguiente argumento:
“El concepto de seguridad nacional debe ser entendido desde una perspectiva estratégica, porque intentará anticiparse a los riesgos y amenazas; amplia, porque buscará amparar a la totalidad del conjunto social; transversal, porque involucrará a las instituciones y a los sectores nacionales que deban participar en su gestión; e integral, porque estará supeditada a una sola doctrina y estrategia”.
Cabe recordar que la gestión de los recursos públicos utilizados para la realización de varios de estos megaproyectos ha sido cuestionada en más de una ocasión. El caso más reciente se presentó a principios del 2023, cuando la Auditoría Superior de la Federación realizó múltiples observaciones sobre diversas irregularidades.
Así mismo, cuando son diversos los casos de enriquecimiento de funcionarios y allegados al Gobierno federal que parecen estar ligados con la realización de diversos proyectos de obra pública, la insistencia —ya no digamos premura— en la emisión de estos decretazos hacen pensar no muy buenas cosas al respecto.
