El tren de la destrucción

Los promotores del Tren Maya tienen memoria selectiva y prefieren olvidar y, en su defecto, ocultar la información crítica relacionada con su trazado, la posible demanda y los riesgos constructivos para acelerar las obras y licitaciones del capricho presidencial más grande de la historia, orquestado por el mismo Andrés Manuel López Obrador, con el que busca validar 6 años de gobierno grises y sin resultados.

Los informes de actividades y diversos documentos y borradores entregados que a lo largo del año 2019 realizó la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC), a la que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) pagó 32 millones de pesos por la asesoría económica financiera, revelan que se escondieron datos y censuraron secciones en el análisis costo-beneficio que deben presentarse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dar luz verde a un proyecto.

AMLO ha advertido en diversas ocasiones que quiere dejar el Tren Maya funcionando a finales de 2023 y ha presionado en repetidas veces a las empresas encargadas de su construcción para acelerar las obras, sin importar el daño al medio ambiente o el riesgo que esto genera para los pobladores de la región.

Tanto desde Fonatur como desde la presidencia, se ha amedrentado y criminalizado a los críticos del Tren Maya. A los vecinos de barrios históricos y nuevos al lado de la vía se les ha tachado de invasores y aprovechados y a las organizaciones sociales y ambientales se les acusa de traidores a México, argumentando con falacias que están a sueldo de Estados Unidos para atacar el proyecto.

Ante estos hechos, es difícil concebir un proyecto que esté libre de negligencia, sea seguro y cuide de la ciudadanía y el medio ambiente, pero solo el tiempo nos dirá hasta dónde el presidente está dispuesto a llegar con su poder y caprichos para demostrar que su sexenio no fue un rotundo fracaso.