La decisión de integrar a menores en la CRAC-PF fue tomada debido al aumento de la violencia en la región, atribuida al grupo delictivo conocido como Los Ardillos.
En un acto sin precedentes, niñas y niños de entre 11 y 15 años han tomado las armas para resguardar la seguridad de su comunidad en el municipio José Joaquín de Herrera, Guerrero. Esta decisión fue tomada el pasado miércoles en la comunidad indígena Ayahualtempa, donde la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) juramentó a 5 niñas y 15 niños como nuevos miembros, equipándolos con armamento.
Luis Morales Rojas, miembro del Consejo del Gobierno Náhuatl y parte de la CRAC-PF, informó que estos jóvenes se unirán a la búsqueda de una familia desaparecida el 19 de enero, mientras que otros se dedicarán a labores de vigilancia. Los menores han sido entrenados en el manejo de rifles calibre 22, escopetas de varios calibres y pistolas, con el objetivo de contribuir a la seguridad de su comunidad.
La familia desaparecida, compuesta por Cecilia Gaspar Hernández, José Teodoro Domingo Ortiz y sus hijos Roberto y Gaudencio, fue secuestrada mientras pastoreaban su ganado en Zacatepec. Este hecho ha generado una preocupación palpable en la comunidad, que exige la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, para su pronta localización.
Videos ▶️ y fotos 📸 | Ante la violencia que viven por el crimen organizado, niñas y niños reciben armas para defenderse en Guerrero; fueron capacitados para manejar rifles calibre 22; escopetas calibres 20, 16 y 410 y pistolas.https://t.co/gS4LEoJyeY
— Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) January 25, 2024
La decisión de integrar a menores en la CRAC-PF fue tomada debido al aumento de la violencia en la región, atribuida al grupo delictivo conocido como Los Ardillos. Morales Rojas señaló que, aunque la comunidad no ha provocado a nadie, han sido víctimas de agresiones por parte de este grupo, lo que ha motivado su llamado a las autoridades municipales, estatales y federales para obtener apoyo en materia de seguridad.
Es importante destacar que la policía comunitaria en esta zona opera legalmente, respaldada por diversas leyes y tratados, incluyendo la Constitución mexicana, la Constitución del estado de Guerrero, la Ley 701 de Derecho y Cultura Indígena, la Ley de Seguridad Pública de Guerrero y el Convenio 169 de la OIT. A pesar de los esfuerzos por garantizar la seguridad de la comunidad, la inseguridad persiste, lo que ha llevado en ocasiones anteriores a la integración de menores en la policía comunitaria.
En este contexto, en junio de 2019, 19 niños se unieron a la policía comunitaria, y aunque un grupo similar fue desincorporado en 2022 tras promesas de seguridad por parte de las autoridades federales y estatales, la situación no ha mejorado significativamente. La comunidad sigue enfrentando desafíos constantes en materia de seguridad, lo que ha llevado a medidas extraordinarias como la participación de niños y niñas en la protección de su entorno.
